Por José Granados Fernández

Twitter @JoseGranadosF

“No desfallecer en la protección del Parque Salamanca y en la defensa de la salud y el derecho de los barranquilleros a gozar de un ambiente sano”.

Con ese propósito, quienes lograron que la Corte Suprema declarara la reserva natural de 56.200 hectáreas “sujeto de derechos”, presentarán un incidente de desacato contra las entidades nacionales y del departamento del Magdalena que deben cumplir la sentencia del 18 de junio de 2020.

La alarma sobre la desprotección de Salamanca se activó nuevamente tras el incendio de la semana pasada en el sector La Lola, frente al Malecón de Barranquilla, que lanzó por dos días grandes columnas de humo sobre la ciudad, afectando a miles de adultos y especialmente niños que, en virtud del fallo de tutela de la Corte, deben ser protegidos de las quemas.

Juan Pablo Sarmiento, doctor en Derecho y profesor de la Universidad La Sabana, quien ha acompañado el proceso de reclamar la protección del parque natural, explicó que en noviembre de 2020 presentaron un primer incidente de desacato a raíz de un incendio, pero la Corte lo desestimó debido a que las entidades responsables de cumplir la sentencia dijeron que ya habían contratado la elaboración del plan que iban a poner en marcha.

Ahora, tras la nueva quemazón de 106 hectáreas -de acuerdo con registros de Parques Nacionales este es el segundo incendió más grande en la reserva forestal, pues el primero sucedió en noviembre de 2020 con 120 hectáreas dañadas- van a presentar otro desacato al considerar que las medidas de la Corte “no han sido ejecutadas debidamente” y Barranquilla está expuesta a sufrir nuevas emergencias ambientales.

Gestión nacional poco eficaz

Al revocar un fallo del Tribunal Superior de Barranquilla, que inexplicablemente negó la tutela que presentó el estudiante de derecho de Uninorte Luis Miguel Llorente, la Corte Suprema declaró a Salamanca sujeto de derechos al hallar que la Presidencia de la República, el ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y Corpamag, encargadas de velar por la conservación de dicho manglar, no acreditaron “gestiones asertivas y eficaces” para controlar los desbordados niveles de deforestación y las quemas.

Ante los daños que sufre el parque, la Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Octavio Tejeiro, concluyó que “el ser humano no es superior a la naturaleza ni, por tanto, está legitimado para usarla indiscriminadamente como un objeto, sino que ambos conforman en igualdad de condiciones la plurinación, es decir, la ‘Pacha mama’. En consecuencia, entre ellos existe una relación interdependentista que supone su disfrute mutuo en términos razonables, equitativos, no abusivos y ponderados”.

El tutelante Llorente no estuvo disponible para hablar sobre lo que está sucediendo con la sentencia a su favor.

Daños ambientales y en la salud

Las afectaciones que sufre Salamanca están diagnosticadas en el Plan de Acción 2017 - 2022 elaborado por Parques Naturales: la entidad dijo en el documento que desde 2013 se habían presentado más de 79 incendios forestales, que en conjunto superaron 815 hectáreas de bosques de manglar deteriorado, la mayoría de ellos “provocados” al interior del área protegida.

A raíz del nuevo incendio, la Sociedad de Ingenieros Químicos llamó la atención sobre los efectos nocivos que éstos causan no sólo al destruir la flora y la fauna del territorio afectado, sino que, como en el caso de Barranquilla, deterioran la salud de la comunidad. Esto advierte Oswaldo Del Castillo, presidente de la agremiación:

Sobre las emergencias que lamentablemente siguen produciéndose de manera periódica también se pronunció el director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Jesús León Insignares.

Aunque las quemas no están en su jurisdicción, pero teniendo en cuenta los daños ambientales y en la salud de los habitantes del Área Metropolitana de Barranquilla, llamó la atención, al igual que lo ha hecho el alcalde Jaime Pumarejo, sobre la necesidad de establecer de manera urgente un “trabajo conjunto” con la Nación y las autoridades del Departamento del Magdalena para “asegurar de manera efectiva y permanente” la protección del parque.

Procuraduría pide intervención

Otra entidad que activó sus reclamos tras el incendio fue la Procuraduría Ambiental. El jefe seccional de ese despacho, Carlos Arrieta, envió el 22 de junio un oficio a la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González, a quien le recuerda la sentencia de la Corte Suprema en favor del Parque Salamanca y le pide información sobre:

Primero, los avances en la implementación del Plan estratégico de acción a mediano plazo para reducir los niveles de deforestación y degradación a cero.

Segundo, copia de los informes bimensuales que debieron enviar al Tribunal de Barranquilla y a la Corte Suprema, y de las actas de reuniones llevadas a cabo por parte del Comité permanente de seguimiento al plan estratégico en 2022 y lo corrido de 2023.

Además, le pide que, en aras de garantizar la presencia de la Procuraduría General en ejercicio de su función preventiva, tanto la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales como los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios del Atlántico y Magdalena sean invitados a esas sesiones de trabajo.

El Ministerio Público también le pedirá explicaciones a Parques Naturales y a la Policía Nacional sobre por qué no está en funcionamiento la cabaña construida en Palermo para el grupo de veinte Carabineros anunciados con bombos y platillo como una fuerza especial que iba a vigilar Salamanca a fin de frenar su deforestación y las quemas.

Esta denuncia fue hecha por Emisora Atlántico y Zona Cero.com que encontró, en una zona manglárica paralela al puerto de Palermo, la edificación cerrada, abandonada y en estado de deterioro, mientras el Parque Salamanca sigue siendo objeto de incendios y de la tala indiscriminada.